OFICIOS ENVIADOS: Carta al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

San Rafael de Heredia, 19 de Septiembre de 2008.DPG-05-08

Señora: Clara Silvia Zomer Rezler
Ministra
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

Estimada señora Ministra:

Es mi deseo saludarle y a la vez hacer de su conocimiento que el pasado 8 de setiembre, la población rafaeleña se dio cita ante el Palacio Municipal del cantón, con la finalidad de hacer formal entrega de la llamada “Declaración de Piedra Grande”, cuyos principios fueron adoptados el 2 de setiembre anterior en el Salón de eventos que lleva ese nombre, y cuyo contenido atañe al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, al Área Técnica de Vivienda, así como al Área de Planificación y Reordenamiento Territorial, adscritos a su Despacho.

Lo anterior porque en esta Declaración se recoge el respaldo solidario que dieron los habitantes de San Rafael de Heredia a dos iniciativas de ley que impulsa ese Ministerio, como Rector del Sector Social y Lucha contra la Pobreza, y que actualmente se encuentran dentro de la corriente parlamentaria.

Se trata de los expedientes legislativos números: 16.328 y 15.983, denominados proyectos de: “Ley de Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda”, y “Ley Especial para Titulación de Vivienda en Precarios y en Zonas de Desarrollo Urbano no reconocidas (Precarios),” que garantizarán a las personas desposeídas y en condiciones de extrema pobreza, el derecho humano fundamental a una vivienda digna, mediante la erradicación de los tugurios y precarios en que habitan.

Me complace informarle que este respaldo ya se hizo llegar formalmente, no sólo a la Comisión de Asuntos Sociales que los conoce, sino también a cada uno de los 57 Diputados de la Asamblea Legislativa.

No obstante lo anterior, la citada Declaración lanza también una advertencia a los desarrolladores inmobiliarios, autoridades de vivienda del gobierno central, diputados oficialistas de la provincia, y al gobierno local del cantón central de Heredia, sobre la importancia de evitar la reubicación de los pobladores provenientes de aquellas Zonas de Desarrollo Urbano No Reconocidas (precarios), en los cantones que colindan directamente en la estribación sur de la Cordillera Volcánica Central, particularmente por el grave riesgo de contaminación que esto causaría a los acuíferos: Barva, Colima Superior y Colima Inferior, que discurren bajo los territorios de esos cantones, en cuyo subsuelo se conservan los reservorios de agua potable que actualmente se distribuye y alimenta al resto de los habitantes de nuestra Provincia, -con excepción de Sarapiquí, pero que también llega hasta Alajuela y al Valle Central.

Sin duda, es el respeto a los recursos naturales, a la biodiversidad y al ambiente, lo que permitirá en el futuro que un asentamiento humano pueda ser considerado como “equitativo y sostenible”, indistintamente de que lo ejecute o financie una instancia pública o privada, pues ambas están obligadas por igual a considerar su impacto, tanto en la calidad de aquellos recursos, como en la calidad de vida del resto de la población.

Este pensamiento, -que respalda el pueblo rafaeleño,- ya ha sido comunicado oficialmente, tanto a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., como al Ministerio de Ambiente y Energía: A la ESPH-S.A., por tener dentro de sus competencias la protección de las “(…)cuencas, manantiales, los cauces y los lechos de los ríos, corrientes superficiales de agua y mantos acuíferos…” de nuestra provincia (artículo 6 inciso g) de la Ley N° 7789, del 23 de abril de 1998, Ley de Transformación de la ESPH); y al MINAE, por tener la obligación de velar por la utilización racional de los elementos ambientales, y de accionar en defensa del Estado cada vez que se provoque algún daño o contaminación al ambiente, que sea capaz de configurar un delito de carácter social (artículo 2 de la Ley N° 7554 del 4 de octubre de 1995, Ley Orgánica del Ambiente).

Con igual transparencia también han sido notificados los grupos empresariales vinculados con el sector construcción, pues a través del digno medio que representa la Junta Directiva de la Cámara Costarricense de la Construcción, se hizo saber a aquellos la intención del pueblo rafaeleño de plantear las acciones legales que se encuentren a su alcance en caso de que nuestro territorio sea utilizado para instalar:

“… proyectos urbanísticos o habitacionales de alta concentración y densidad, por el grave riesgo de contaminación que generaría a los acuíferos: Barva, Colima Superior y Colima Inferior, lo anterior porque la construcción, en pequeños lotes de este tipo de viviendas, así como la respectiva instalación de sistemas de tanques sépticos individuales, podría vulnerar -de manera irreversible- las zonas de recarga y descarga acuífera que existen en nuestro cantón, debido a la relativa baja profundidad que presenta el nivel freático de aquellos acuíferos y a la alta permeabilidad de nuestros suelos, lo cual afectaría las fuentes de agua que actualmente alimentan a la mayor parte de nuestra provincia y a amplios sectores del Valle Central.” (Véase “Declaración de Piedra Grande” del 2 de setiembre del 2008, Acuerdos 2°, 10° y 11°)

La nuestra no una posición reciente, sino que tiene sus raíces en la llamada “Declaración de San Rafael”, del 27 de noviembre de 1991, fecha en que los vecinos de ese cantón asumieron oficialmente: “…su compromiso con la protección conjunta de los recursos hídricos existentes en la zona”, como medida para empezar a resolver el grave problema de calidad y cantidad de agua que sufrió dicho municipio en aquella época, y con la esperanza de evitarle ese mismo sufrimiento a las generaciones futuras. (Véase “Declaración de San Rafael”, publicada en el Periódico Heredia, diciembre de 1991).

Consciente de la necesaria coordinación interinstitucional e inter-sectorial, que este Ministerio debe llevar a cabo para el cumplimiento de sus programas y proyectos, así como para la puesta en práctica de los lineamientos emanados de la Presidencia de la República, HAGO FORMAL ENTREGA de la “Declaración de Piedra Grande”, al Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos, para que sea considerado al momento de coordinar lo que corresponda.

Esta entrega la hago como uno más de los cientos de vecinos que la suscribieron en respaldo de las políticas municipales dictadas por nuestras autoridades locales, y como responsable, tanto de su redacción, como de la “Declaración de San Rafael” del 27 de noviembre del 1991, a que hace referencia, y que en su oportunidad también fue suscrita por las organizaciones comunales y grupos organizados de nuestro cantón.

Cualquier respuesta de la señora Ministra ruego remitirla a mchavesm@abogados.or.cr, con copia al Concejo Municipal de San Rafael, Fax número: 22 60 02 13.
Atentamente,

Lic. Mario Alberto Chaves Mata

Anexo: Lo indicado
Copia: Concejo Municipal
de San Rafael de Heredia
Diputados Asamblea Legislativa
Empresa de Servicios Públicos de
Heredia. Sociedad Anónima ESPH-S.A.
Cámara Costarricense de la Construcción.
Ministerio de Ambiente y Energía.