OFICIOS ENVIADOS: Carta a la Comisión de Asuntos sociales y Diputados de la Asamblea Legislativa DPG-02-08

San Rafael de Heredia, 10 de Septiembre de 2008.

Señores: Diputados
Comisión Ordinaria
de Asuntos Sociales
Asamblea Legislativa

(Atención Expedientes Legislativos

números: 16.328 y 15.983)

Estimados señores:

Es mi deseo saludarles y a la vez hacer de su conocimiento que el pasado 8 de setiembre, la población rafaeleña se dio cita ante el Palacio Municipal del cantón, con la finalidad de hacer formal entrega de la llamada “Declaración de Piedra Grande”, cuyos principios fueron adoptados el 2 de setiembre anterior en el Salón de eventos que lleva ese nombre, y cuyo contenido le atañe directamente tanto a esa Comisión Legislativa como a las señoras y señores diputados.

En dicha Declaración, la población rafaeleña dispuso brindar un respaldo solidario a las iniciativas de ley que actualmente se discuten en la Comisión Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, específicamente a los proyectos de ley números: 16.328 y 15.983, denominados proyectos de: “Ley de Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda”, y “Ley Especial para Titulación de Vivienda en Precarios y en Zonas de Desarrollo Urbano no reconocidas (Precarios)”, con los que la actual Administración pretende ayudar a las personas desposeídas y en condiciones de extrema pobreza, erradicándolas de sus precarios y dotándolas a la vez de una vivienda digna.

No obstante lo anterior, la citada Declaración constituye también una llamada de atención dirigida a los diputados oficialistas de nuestra provincia, las autoridades del gobierno central, a las autoridades municipales del cantón central de Heredia, y a los desarrolladores privados, para evitar la reubicación de este tipo de asentamientos en los cantones ubicados en la estribación sur de la Cordillera Volcánica Central, particularmente por el grave riesgo de contaminación que ello generaría a los acuíferos: Los Bambinos, Barva, Colima Superior y Colima Inferior, que discurren bajo los territorios de nuestros cantones y que actualmente alimentan de agua potable, (a excepción de Sarapiquí), a todos los habitantes de nuestra Provincia, parte de los habitantes de Alajuela y una amplia extensión del Valle Central, a donde llega diariamente dos metros cúbicos de nuestra agua potable, a través del AyA.

Nuestra población está consciente de los intereses políticos-empresariales que impulsan la erradicación de los asentamientos en precario que existen en el cantón central de nuestra provincia; por un lado, por el compromiso que tenemos los costarricenses y la actual Administración en resolver este grave problema social, pero también por el potencial inmobiliario y alta plusvalía que han alcanzado aquellos terrenos, hoy rodeados de gigantescos desarrollo comerciales.

Pero también, debemos aquí decirlo: por la directa o indirecta vinculación que aquellos inmuebles tienen y han tenido con reconocidas familias heredianas, de donde descienden precisamente las más importantes figuras políticas del actual gobierno.

Este hecho, aunado a las recientes declaraciones brindadas -en una radio local-, por el Alcalde del Cantón Central de la provincia en el sentido de apoyar la idea del traslado de aquellos asentamientos hacia sus municipios vecinos, explican en parte la enérgica reacción que en defensa de sus autoridades locales, plantearon recientemente los vecinos de Santa Bárbara de Heredia, y por supuesto justifica el dictado de la “Declaración de Piedra Grande”, que el 2 de setiembre pasado emitió la población rafaeleña, para anticipar y repudiar cualquier tipo de presión política que se dirija en contra de sus gobernantes locales

Lo anterior, por tres razones básicas: 1) La primera por el grave riesgo de contaminación a que se ha hecho referencia; 2) La segunda porque representaría un irrespeto a la autonomía de nuestros respectivos gobiernos locales, sus políticas municipales y el empeño de sus pobladores de defender los recursos hídricos que existen en el subsuelo rafaeleño, y finalmente; 3) La tercera, porque no parece responsable, ni bien visto que la idea de aquel traslado hacia nuestros municipios provenga precisamente de quienes representan la instancia política (nacional y/o local), que en el pasado propició, y toleró su desarrollo dentro de su propio territorio.

Como uno más del millar de personas que se apersonaron el pasado 2 de setiembre para firmar y entregar la “Declaración de Piedra Grande” a su gobierno y autoridades locales, y como redactor de este documento y de la “Declaración de San Rafael” del 27 de noviembre del 1991, a que aquella hace referencia, HAGO FORMAL ENTREGA a esta Comisión Legislativa del referido documento para lo que corresponda; sin perjuicio de las posibles acciones de Control Político Parlamentario que este tema podría suscitar en los legisladores interesados, a quienes también se les remite copia de esta misiva.

Toda respuesta o comentario de esta Comisión o de los señores y señoras Legisladoras ruego remitirla a mchavesm@abogados.or.cr, con copia al Concejo Municipal de San Rafael, Fax número: 22 60 02 13.

Atentamente,

Lic. Mario Alberto Chaves Mata

Anexo: Lo indicado
Copia: Concejo Municipal
de San Rafael de Heredia
Oficina de Iniciativa Popular
Diputados Asamblea Legislativa
Empresa de Servicios Públicos de
Heredia. Sociedad Anónima ESPH-S.A.